La democracia en derogación: la identidad del Mediterráneo borrada por los decretos

Cuando los decretos de urgencia y las intervenciones estatales se convierten en la norma, la democracia deja de funcionar.

En el corazón del Mediterráneo, la isla de Cerdeña se ha convertido en un laboratorio de expropiación jurídica y material. Aprovechando el escudo de los decretos de urgencia y las derogaciones especiales, el Estado italiano y los grandes capitales multinacionales están desmantelando la economía rural y privatizando las costas protegidas. Si la anulación de los derechos y de las leyes territoriales puede consumarse con esta facilidad, por decreto, precisamente en el centro del llamado Occidente civilizado, significa que ninguna protección ordinaria nos mantiene a salvo, dondequiera que nos encontremos.

El robo de la representación y el desarme político

El proceso de expropiación forzosa de Cerdeña comienza con la neutralización de su representación política, implementada para impedir desde el principio cualquier intento de autogobierno institucional. Una herramienta fundamental para lograr este propósito es la ley electoral regional que, de acuerdo con las secretarías de los partidos centrales italianos, introdujo umbrales electorales antidemocráticos en un territorio denso en diferencias y especificidades. Esta barrera, unida a una propaganda capilar basada en favores, lógicas clientelares y promesas asistenciales, ha obligado a las fuerzas endémicas e independentistas al aislamiento o a la absorción dentro de las coaliciones nacionales.

El resultado ha sido la contaminación sistemática de los partidos sardos, empezando por el Partido Sardo de Acción (Partito Sardo d’Azione) fundado por Emilio Lussu. Las facciones que eligen permanecer independientes se enfrentan a la imposibilidad de participar en el juego político sin plegarse a las reglas sucias del sistema central, que alimenta el arribismo, el protagonismo y las dinámicas tóxicas.

Este déficit democrático se amplifica dramáticamente a escala supranacional. En las elecciones al Parlamento Europeo, Cerdeña está históricamente emparejada en una única macrocircunscripción con Sicilia, cuya densidad demográfica netamente superior anula de hecho la posibilidad de que el pueblo sardo elija representantes directos capaces de tutelar sus intereses específicos en Bruselas. Ante este vacío de poder, la clase política local ha adoptado una estrategia de total desinterés: los representantes regionales eligen la vía de la autoabsolución, justificando su inercia con la fórmula de «no decidimos nosotros» y sometiéndose pasivamente a las órdenes que llegan de niveles administrativos jerárquicamente superiores, ya sean decretos romanos o normativas europeas. Los raros recursos e intentos de regulación son deliberadamente débiles, presentados solo para ser rechazados y poder descargar la culpa en otra parte.

De la explotación histórica a la especulación energética

Históricamente integrada en las dinámicas centrales con funciones subalternas —recurso minero a extraer, depósito de madera a expensas de los bosques locales, patio trasero tóxico, base militar, periferia para confinados y parque de atracciones estacional para el turismo de lujo— Cerdeña ha sufrido un notable empeoramiento de este consolidado papel de colonia con la llegada de la transición ecológica. Esta gran operación financiera ha decretado la utilidad de la isla para múltiples recursos estratégicos, transformándola en la mercancía de cambio ideal para el gobierno central frente a las exigencias extranjeras.

Como ocurre en la mayor parte del sur y centro de Italia, el Estado italiano ha allanado el camino a los sujetos privados a través de decretos gubernamentales de urgencia. Protegidas por las decisiones del ejecutivo y avaladas por las sentencias de la magistratura, las sociedades privadas pueden hoy expropiar y decidir sobre los territorios, negando a los locales el derecho constitucional y estatutario de defender los bienes ambientales, culturales y paisajísticos. Esta privación de derechos no solo invalida las motivaciones de los ciudadanos, sino que exime a las propias entidades públicas de sus tareas institucionales precisas de protección del territorio.

El ejemplo más macroscópico es el precedente del megaproyecto eólico de ERG. A pesar de la total y formal oposición expresada por el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Transición Ecológica (MASE) dirigido por Roberto Cingolani (ahora director ejecutivo de Leonardo) encontró una total convergencia en la Presidencia del Consejo, donde el jefe del gobierno Mario Draghi hizo suya la línea del MASE, aprobando la obra por autoridad mediante una deliberación del Consejo de Ministros que anuló los informes técnicos negativos, sancionando la degradación definitiva de la protección del patrimonio histórico y del paisaje a una prioridad de segundo orden frente a las exigencias de los grandes grupos industriales.

El desmantelamiento rural y el sacrificio ganadero

En los últimos años, la imposición de sacrificios y la privación de derechos perpetrados para la penetración de las instalaciones de energía renovable se ha extendido a otros contextos. Desde el año pasado, el ataque selectivo al sector rural se expresa con decisiones que dañan y bloquean el desarrollo del patrimonio agrícola y ganadero del interior. El caso más flagrante es el de la dermatitis bovina. Utilizando como escudo legal el Reglamento UE 2016/429 (Animal Health Law), las autoridades sanitarias aplican la medida radical del stamping out (el sacrificio total de las cabezas de ganado) ante la detección de un solo caso positivo de Dermatitis Nodular Bovina (LSD). Ganados sanos de bovinos endémicos, criados en libertad, son enteramente masacrados para no ensuciar los registros comerciales de los mercados continentales, mientras la política local se limita a descargar la culpa en las normativas europeas.

A los ganaderos se les imponen campañas de vacunación forzosa que causan sobre el terreno abortos, esterilidad y muerte de terneros, sin que esto salve a los animales supervivientes del riesgo de sacrificio preventivo. Quienes piden justificaciones científicas o garantías ven llegar a sus fincas a decenas de agentes de las fuerzas del orden con equipamiento antidisturbios, que imponen la entrada de los veterinarios y alejan a los vecinos y comités que se han acercado a mostrar solidaridad. Esta gestión militar de una simple emergencia sanitaria está perfectamente alineada con un plan diseñado para destruir los recursos de supervivencia autónoma de la isla y promover la despoblación feroz del campo. Las empresas tradicionales se ven obligadas a depender de las compensaciones estatales y de los favores políticos, los campos son cedidos a cambio de dinero o bajo amenaza, mientras los buitres financieros y los delincuentes de toda especie prosperan.

El extractivismo costero: el caso Cala Finanza

El modelo de bypass jerárquico ha comenzado recientemente a encontrar su aplicación más devastadora y descarada en el sector inmobiliario de lujo en Cala Finanza, en el municipio de Loiri Porto San Paolo, en Gallura. Aquí, la sociedad milanesa Tavolara Bay s.r.l. y el Grupo Fasano, una multinacional brasileña, han planificado la privatización y urbanización de unas 50 hectáreas de costa sometidas a un régimen de conservación integral, previendo un hotel de 5 estrellas, 30 villas, un campo de golf y atraques para yates en un mar bajo protección.

Para entender cómo es posible que un área de tan alto valor ambiental en el centro del Mediterráneo sea agredida por las multinacionales, hay que mirar hacia adentro, no hacia afuera. La operación fue legalmente posible gracias a la deliberación de la junta municipal del pueblo afectado, que votó para transformar el área protegida en zona turística. A pesar de que la posterior conferencia de servicios recogió cinco informes negativos insalvables por parte de la Superintendencia de Sassari, del Cuerpo Forestal y de tres Direcciones Generales de la Región de Cerdeña, el proyecto fue autorizado en Roma.

El 9 febrerio de 2026, la Presidencia del Consejo, aprovechando las derogaciones de la ZES Única, emitió la autorización final para dar luz verde a las obras, anulando todo el sistema de protección sardo. Sobre el territorio, los ciudadanos se encontraron con vallas hasta la playa y enebros protegidos talados para abrir caminos transitables, todo ello dentro de un sitio de construcción que carecía del cartel obligatorio de inicio de obras. Frente al abuso, al no confiar ya en las instituciones, la población pidió la intervención de los activistas y de los comités, descubriendo solo en ese momento la traición de su propio alcalde, que actuó como facilitador para legitimar la operación.

La manipulación mediática y la respuesta de la sociedad civil

Para hacer digerible esta ocupación, los medios de comunicación convencionales nacionales llevan a cabo una feroce propaganda en contra. Las resistencias sardas son sistemáticamente culpabilizadas y retratadas como retrógradas y antieconómicas, acusando a los ciudadanos, comités y ganaderos de ser irresponsables y de causar diversos problemas a todo el Estado italiano. Esta narrativa divide el tejido social: la mayoría urbanizada de la población tiende a quedar atrapada en el limbo de la propaganda del progreso, mientras que los habitantes de las zonas rurales, que viven en su propia carne las expropiaciones, los sacrificios ganaderos y la devastación de sus lugares de trabajo, desarrollan una conciencia lúcida y vigilante de la condición colonial.

Los sardos, sin embargo, desmienten con la evidencia el intento de hacerlos pasar por ignorantes: la isla cuenta con una densidad histórica, cultural e intelectual expresada por figuras de relevancia internacional. Ha dado a luz a personalidades destacadas como una premio Nobel, científicos, juristas, artistas, arquitectos, políticos y filósofos, hasta llegar al mundo de la moda, el espectáculo y el deporte. Hoy, esa misma cultura que ha acunado a tantas excelencias se mide con una realidad durísima. El debate está vivo y el miedo por el futuro del territorio es tangible.

La urgencia supera las fronteras de la isla para dialogar directamente con las realidades y los ciudadanos que, en toda Europa, sufren las mismas lógicas de coerción sobre sus territorios y sobre sus derechos fundamentales. A los sardos obligados a emigrar para encontrar perspectivas, pero que reconocen en sus éxitos el patrimonio genético y cultural de Cerdeña, les pedimos que pongan sus competencias y autoridad en su campo al servicio del pueblo sardo que, a pesar de todo, se niega a rendirse.

A cualquiera que perciba la gravedad de esta deriva, le pedimos que haga eco de nuestra voz.